POLÍTICA DE RINSERCIÓN PARA LOS DESPLAZADOS

INFORME ESPECIAL
Un aspecto central de la política de reinserción ha sido su vinculación permanente con los procesos de construcción de paz que se impulsan desde las comunidades afectadas por el conflicto o desde los espacios de la sociedad civil, en desarrollo del postulado de que la construcción de la Paz no es un aspecto que se limita a la negociación del conflicto armado; que construir la Paz es construir una institucionalidad democrática, es construir un verdadero Estado social de Derecho, y solucionar integralmente el problema.
Según el Sistema de Información de Hogares Desplazados por Violencia en Colombia, SIDES, se estima que cada hora son desplazados dos hogares por violencia en nuestro país; hogares compuestos en su mayoría por mujeres y niños provenientes del campo, como consecuencia de acciones contra la población civil de grupos paramilitares, guerrilleros, fuerza pública y otros actores armados.[1]
El Estado colombiano reconoció por primera vez el desplazamiento forzado como tema de política pública en 1995 mediante la creación del Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Para superar la situación, el Congreso de la República expidió la Ley 387 de julio 18 de 1997, mediante la cual se estableció el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) y se definieron medidas concretas y responsabilidades específicas para la entidad. [2]
Dentro del marco de la crisis humanitaria se han presentado innegables avances en el desarrollo de la política de desplazamiento y en los mecanismos de atención; la capacidad de respuesta del Estado frente a la demanda de atención por parte de la Población Desplazada por la Violencia está condicionada por la disponibilidad de recursos públicos. El Decreto 2569 de 2000 sujeta a la disponibilidad presupuestal la atención a la población desplazada tanto en la Atención Humanitaria de Emergencia como en restablecimiento. Así mismo, el giro de los recursos, está sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) controlado por el Ministerio de Hacienda, según la disponibilidad efectiva de recursos en Tesorería y de acuerdo con las disposiciones de la política macroeconómica del Gobierno Nacional; se estima que durante los próximos años se requiere invertir $2.6 billones de pesos colombianos, para el restablecimiento de la población desplazada por la violencia, sin incluir el costo de seguridad física, adquisición de tierras ni recursos para crédito. [3]

Cualquiera sea la discusión sobre la validez de las cifras suministradas, la magnitud y dinámica, puede destacarse que en Colombia existen más de 3 millones de desplazados y que el fenómeno ha adquirido una gran complejidad respecto a las diferentes modalidades, siendo notoria la relación entre la violencia, el conflicto, el desplazamiento y el despojo de la tierra. Adicionalmente, el desplazamiento afecta de manera más significativa a las mujeres cabeza de familia, a la niñez, y a las comunidades indígenas y afro colombianas.

En relación con las características de la política pública, es evidente que aunque se ha desarrollado un buen marco normativo e institucional, y se ha formulado una estrategia integral de intervención, la magnitud de las necesidades ha sobrepasado en mucho la capacidad de respuesta del Estado. Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda internacional para dar asistencia a este sector extremadamente vulnerable de la sociedad y apoyar la búsqueda de soluciones. Los datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) hablan de 3.662.842 personas que han sido desplazadas por la violencia hasta el 25 de octubre de 2005 y día a día esta cifra aumenta producto de la violencia política asociada al conflicto armado interno, según información de ACNUR, la agencia de la ONU a la que el Gobierno Nacional pidió su colaboración en el manejo y solución de este conflicto.

Arley González, y su esposa Ivón Ramírez son dos jóvenes maestros rurales desplazados por la violencia que los obligó a salir corriendo de la casita propia, en que vivían en su natal La Gabarra, cuentan con la tristeza reflejada en sus caras; con ellos trajeron a Jessica, su niña de 4 años y todo en ellos denota voluntad, y fortaleza, resultado del crecimiento personal y de familia que la traumática experiencia sufrida les dejó.
“Mi esposa había viajado a Sincelejo a llevar la niña donde sus abuelos cuando me llegaron una noche; ellos querían obligarme a participar en su grupo, que aceptara las políticas de ellos y que hiciera algo que yo no quería”, dice Arley refiriéndose a la guerrilla que opera en esa zona, “nosotros no queríamos enredarnos en eso; me dijeron que tenía que salirme de mi casa, y de mi pueblo, y uno sabe que eso es en serio. Era el 30 de enero de este año; esa misma noche yo empaqué lo que pude, y al otro día me vine a Cúcuta a la casa de mi hermana y mi cuñado que me recibieron. Ivón llegó a los dos días, dejamos la casita abandonada, allá quedó todo lo que durante tantos años habíamos conseguido con nuestros esfuerzos.”

Arley no quiere dar detalles sobre las amenazas que recibió, pero no necesita decir mucho: su actitud asustadiza, su mirada esquiva y sus manos temblorosas recuerdan que su desplazamiento es muy reciente, y evidentemente todavía siente temor. A los pocos días de estar en la ciudad, por recomendación de una señora que también había sido desplazada acudió con su hermana a la Cruz Roja donde lo remitieron a la oficina de Acción Social de la Presidencia; allí fue recibido y acogido para los programas de reinserción que lideran, primero expidieron la carta que lo acreditaba como desplazado, y con ella fue enviado a CORPROINCRO, Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Comunidad, ONG prestadora de servicios para la Acción Social, donde su caso se estudió y se le prestó ayuda psicológica y capacitación en un nuevo oficio; se le ofreció asesoría con un plan productivo, del banco de planes que tiene esta organización social, y financiación para montarlo.

Mientras se escuchan los ruidos propios de un taller de fundición en el patio trasero de la humilde vivienda, Arley continúa relatando cómo lograron arreglárselas para volver a empezar de cero; llegaron y se quedaron en la casa de sus familiares, ubicada en el humilde sector de Monte bello, con sus calles de tierra, y en medio de una pobreza de estrato uno, donde me recibieron en compañía de la funcionaria de Corproincro, Nubia Soto por mediación de la cual tuve acceso a conocerlos y a escuchar su historia. Todo a su alrededor habla de pobreza, trabajo y decisión de salir adelante a pesar de las dificultades y las amenazas.

“Yo tenía completa la liquidación de mi contrato de servicios con la Diócesis de Tibú como maestro veredal el año pasado, y pude invertirlo como base para un proyecto de fundición de aluminio y fabricación de peroles de varios modelos y tamaños; recibí una ayuda de de $1.500.000 de Corproincro para fortalecimiento, y de ahí hasta la presente voy muy bien; ya tengo bastante invertido, pues lo que se ha vendido se ha reinvertido; me enseñaron todo el proceso del aluminio y hasta que pude encajar aquí en el taller, aprender como se fundía y como se pulía, y con muchas ganas de empezar de nuevo pues no había otra solución que empezar de nuevo”.
La semana pasada participamos de una feria artesanal promovida por Corproinco que se realizó en el parque de Telecom, vendimos bien, eso nos dio mucho ánimo, y algo de platica para seguir en la lucha.”

“Ya no tenía nada más que perder”, añade Arley volviendo sobre sus primeros días en la ciudad, ” de ahí en adelante solo ganar; pude superar la problemática que traía, no solo psicológica ya que llegamos muy golpeados, y no es fácil recuperarse, siempre llegar uno a otra parte, y cambiar su ambiente, el recuerdo de lo que se perdió es muy duro”.

“Estábamos acostumbrados a otro ambiente”, interviene su esposa Ivón,” y empezar de cero es muy difícil, pero mi esposo llevaba 5 años en la docencia y yo 1; eso nos sirvió para salir adelante”;

Su esposo la respalda diciendo:“lo profesional siempre lo ayuda a uno, y tampoco nos echamos para atrás, estamos contentos de estar aquí, hay más futuro, mejor que como estábamos allá, sin tantas enfermedades y sin tanta presión, pues allá son de parte y parte; si uno está en el pueblo, lo acusan de que está con el ejército, y si está en el monte entonces el gobierno también lo acosa porque los soldados creen que todos apoyamos a la guerrilla; hay que saber vivir allá para poder estar ahí; prácticamente aquí, y con la ayuda que he recibido de Acción Social, mejor dicho… porque si no fuera así, lo económico es lo que lo golpea a uno en la ciudad, y pagando arriendo.. Tengo dos empleados y el esposo de mi hermana también me ayuda, y mirando el proceso, he tenido buena ganancia”, concluye Arley, agradecido y contento de estar en Cúcuta y de la ayuda que ha recibido. [4]

Se logra así un caso exitoso de reinserción, que puede mostrarse como ejemplo, tanto en lo personal para muchas familias que han sufrido la violencia de ser amenazados y desalojados de sus tierras, como también intervención de las instituciones que los han ayudado a superar su desplazamiento, su desarraigo y su pena por todo lo que perdieron y dejaron atrás.


































[1] DOCUMENTO CONPES
www.disaster-info.net/desplazados/documentos/gtd/PAH/04_notas_pie.htm - 15k -

[2] Un país que Huye. Desplazados, desertificados en su propia patria
[3] Plan de Acción Comunitaria 2002-2003 SNU Colombia
[4] Grabación del reportaje con Arley González e Ivón Ramírez

CRÓNICA AMENAZADOS Y DESPLAZADOS

Mientras se escuchan los ruidos propios de un taller de fundición en el patio trasero de la humilde vivienda, Arley relata cómo lograron arreglárselas para volver a empezar de cero; llegaron y se quedaron en la casa de sus familiares, ubicada en el humilde sector de Monte Bello, con sus calles de tierra, y en medio de una pobreza de estrato uno, donde me recibieron en compañía de la funcionaria de Corproincro, Nubia Soto por mediación de la cual tuve acceso a conocerlos y a escuchar su historia. Todo a su alrededor habla de pobreza, trabajo y decisión de salir adelante a pesar de las dificultades y las amenazas.

Arley González, y su esposa Ivón Ramírez son dos jóvenes maestros rurales desplazados por la violencia que los obligó a salir corriendo de la casita propia, donde vivían en su natal La Gabarra, cuentan con la tristeza reflejada en sus caras; con ellos trajeron a Jessica, su niña de 4 años y su actitud denota una voluntad, y una fortaleza que es resultado del crecimiento personal y familiar que la traumática experiencia sufrida les dejó.

“Mi esposa había viajado a Sincelejo a llevar la niña donde sus abuelos cuando me llegaron una noche; ellos querían obligarme a participar en su grupo, que aceptara las políticas de ellos y que hiciera algo que yo no quería”, dice Arley refiriéndose a la cuadrilla de Las FARC que opera en esa zona, “y nosotros no queríamos enredarnos en eso; me dijeron entonces que tenía que salirme de mi casa, y de mi pueblo, y uno sabe que eso es en serio. Era el 30 de enero de este año; esa misma noche yo empaqué lo que pude, y al otro día me vine a Cúcuta a la casa de mi hermana y mi cuñado que me recibieron. Ivón llegó a los dos días con la niña,;dejamos la casita abandonada; allá quedó todo, no sólo las cositas, sino recuerdos y esperanzas, pues en el momento de tener que correr, a uno le parece que la vida se le acaba.”

“Yo tenía completa la liquidación de mi contrato de servicios con la Diócesis de Tibú como maestro veredal el año pasado, y pude invertirlo como base para un proyecto de fundición de aluminio y fabricación de peroles de varios modelos y tamaños; recibí una ayuda de de $1.500.000 de Corproincro para fortalecimiento, y de ahí hasta la presente voy muy bien, ya tengo bastante invertido, pues lo que se ha vendido se ha reinvertido; me enseñaron todo el proceso del aluminio y hasta que pude encajar aquí en el taller, aprender como se fundía y como se pulía, y con muchas ganas de empezar de nuevo pues no había otra solución que empezar de nuevo”.
“La semana pasada participamos de una feria artesanal promovida por Corproinco que se realizó en el parque de Telecom; vendimos bien, eso nos dio mucho ánimo, y algo de platica para seguir en la lucha.”

“Ya no teníamos nada más que perder”, añade Arley volviendo sobre sus primeros días en la ciudad, “de ahí en adelante solo ganar; pudimos superar la problemática que traíamos, no solo psicológica ya que llegamos muy golpeados, no es fácil recuperarse, siempre al llegar uno a otra parte, y cambiar su ambiente, el recuerdo de lo que se perdió es muy duro”.

“Estábamos acostumbrados a otro ambiente”, interviene su esposa Ivón,” y empezar de cero es muy difícil, pero mi esposo llevaba 5 años en la docencia y yo 1; eso nos sirvió para salir adelante”; su esposo la respalda diciendo:“lo profesional siempre lo ayuda a uno, y tampoco nos echamos para atrás; estamos contentos de estar aquí, pues hay más futuro, mejor que como estábamos allá, sin tantas enfermedades y sin tanta presión, pues son de parte y parte; si uno está en el pueblo, lo acusan de que está con el ejército, y si está en el monte entonces el gobierno también lo acosa porque los soldados creen que todos apoyamos a la guerrilla; hay que saber vivir allá para poder estar ahí; prácticamente aquí, y con la ayuda que he recibido de Acción Social, mejor dicho… porque si no fuera así…, lo económico es lo que lo golpea a uno en la ciudad, y pagando arriendo.. Tengo dos empleados y el esposo de mi hermana también me ayuda, y mirando el proceso, he tenido buena ganancia”, concluye Arley, agradecido y contento de estar en Cúcuta y de la ayuda que ha recibido.

Arley no quiere dar detalles sobre las amenazas que recibió, pero no necesita decir mucho: su actitud asustadiza, su mirada esquiva y sus manos temblorosas recuerdan que su desplazamiento es muy reciente, y evidentemente todavía siente temor. A los pocos días de estar en la ciudad, por recomendación de una señora que también había sido desplazada acudió con su hermana a la Cruz Roja donde lo remitieron a la oficina de Acción Social de la Presidencia; allí fue recibido y acogido para los programas de reinserción que lideran; Primero expidieron la carta que lo acreditaba como desplazado, y con ella fue enviado a CORPROINCRO, Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Comunidad, ONG prestadora de servicios para la Acción Social, donde su caso se estudió y se le prestó ayuda psicológica y capacitación en un nuevo oficio; se le ofreció asesoría con un plan productivo, del banco de planes de microempresas estudiados por esta organización social, y financiación para montarlo.

Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda internacional para dar asistencia a este sector extremadamente vulnerable de la sociedad y apoyar la búsqueda de soluciones. Los datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) hablan de 3.662.842 personas que han sido desplazadas por la violencia hasta el 25 de octubre de 2005 y día a día esta cifra aumenta producto de la violencia política asociada al conflicto armado interno, según información de ACNUR, la agencia de la ONU a la que el Gobierno Nacional pidió su colaboración en el manejo y solución de este conflicto.

Cualquiera sea la discusión sobre la validez de las cifras suministradas, la magnitud y dinámica, puede destacarse que en Colombia existen más de 3 millones de desplazados y que el fenómeno ha adquirido una gran complejidad respecto a las diferentes modalidades, siendo notoria la relación entre la violencia, el conflicto, el desplazamiento y el despojo de la tierra. Adicionalmente, el desplazamiento afecta de manera más significativa a las mujeres cabeza de familia, a la niñez, y a las comunidades indígenas y afro colombianas.

Se logra así un caso exitoso de reinserción, que puede mostrarse como ejemplo del esfuerzo de las políticas gubernamentales para ayudar a las personas que sufren este flagelo, y de las instituciones que han intervenido en ayudarlos a superar su desplazamiento, su desarraigo y su pena por todo lo que perdieron y quedó atrás.

Sergio Fajardo en la Unipamplona

El lunes 4 de Mayo en el Auditorio de la Universidad de Pamplona, los estudianes tuvimos la oportunidad de escuchar a Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y premiado como el mejor alcalde del país,quien está recorriendo Colombia para impulsar una propuesta que lo lleve a la presidencia de la República en el próximo cuatrenio.
Empezó sus planteamientos comentando que nunca pensó en dedicarse a la política, pero entendió que es allí desde donde se puede proponer la transformación del país, y encabezando movimiento cívico decidió aspirar a la alcaldía de su natal Medellín, partiendo de un compromiso ciudadano fuera de los partidos políticos tradicionales. Matemático, académico y profesor universitario y definiendose a sí mismo como apolítico, logró la mayor votación y terminó su mandato con éxito mostrando sus logros en el campo de la educación, partiendo de que la única manera de salir adelante es educando a la gente; construyo cinco parques- bibliotecas que cambiaron el ambiente de los barrios del más bajo nivel, donde nadie se atrevía a ir, y por toda la ciudad escuelas y colegios de calidad,espacios ciudadanos dignos y bellos, para estudiar y compartir teniendo como meta mejoras sociales, económicas y culturales.
Su gestión le valió premios a nivel internacional, así como a sus construcciones premios de arquitectura.
Fajardo no ofrece propuestas ideológicas sinorespuestas pragmáticas a los problemas existentes. Considera que los hechos de violencia de los últimos cincuenta años con sus diferentes manifestaciones de guerrilla, terrorismo y parapolítica han determinado la manera de ser del colombiano a quien define como rebuscador, hijo de un país de sobrevivientes y atrapado en la dureza de sus circunstancias, con grandes índices de informalidad, y con la desición de resolver a diario sus dificultades.
En segundo lugar en su análisis sitúa la corrupción como uno de los grandes males que nos agobian, y piensa que viene de la mano de la forma de hacer la política, llena de politiquería y clientelismo, partiendo en general de que el fin justifica los medios, lo que nos ha llevado a la parapolítica, la compra de votos, y todas las componendas de que se valen muchos políticos para llegar al poder.
En tercer lugar, considera que las fortalezas del colombiano son inmensas, así como su necesidad de desarrollo; para lograrlo durante su presidencia no empieza ofreciendo cosas que no pueda cumplir; con toda claridad parte de la identificación por regiones de sus necesidades y sus capacidades, pues en cada lugar, son sus gentes quienes deben gestionarlo y lograrlo; trabajando la autoestima y con dignidad, decencia, respeto , convicciones y propuestas.
Identifica algunas maneras de salir de la guerra que sufrimos: muchos mueren en ella, o son capturados; otros por las recompensas ofrecidas entregan sus armas y tratan de reincorporarse a la sociedad; así estamos asistiendo al proceso de reinserción de aproximadamente 4300 excombatientes, con demanda de grandes esfuerzos en la justicia, de atención social y psicológica, desarrollando sus capacidades con proyectos educativos especiales para adultos desmovilizados, y a la economía para cubrir todos estos costos además de un subsidio para cada uno que les permita subsistir dignamente.
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Termina su exposición diciendo que la guerra tiene dos puertas, una de entrada y una de salida, y que hay que cerrar cada vez más la puerta de entrada con oportunidades,y superando las injusticias y las diferencias entre ricos y pobres, pues es sólo así podremos transformar el país.

Intereses, dolor, y montañas de papeles

REPORTAJE: LEY DE JUSTICIA, PAZ Y REPARACIÓN
INTERESES, DOLOR Y MONTAÑAS DE PAPELES
La ley de Justicia, Paz y Reparación, decreto gubernamental 1290 del 2005, pretende ser además de un reconocimiento, una ayuda para las personas víctimas del conflicto armado que sufre Colombia; pero para los opositores, no pasa de ser “un plato de lentejas”con el que se compraría el silencio y la resignación de todos los afectados, dejando atrás la discusión histórica sobre este doloroso suceso.
Actualmente está para su aprobación en la Cámara de Representantes el proyecto 157 de 2008 que busca “construir una política de Estado para las víctimas”, del cual es ponente el senador Juan Frenando Cristo, quien en reciente gira por Estados Unidos solicitó ante senadores demócratas y funcionarios del Departamento de Estado su colaboración para la reparación a las víctimas en nuestro país.
Al ser interrogado sobre este tema , el senador liberal contestó: “el objetivo de la ley es resarcir parte del dolor y la humillación sufrida por miles de ciudadanos víctimas del conflicto armado, quienes en los últimos años han visto la creación de decenas de normas para los victimarios, sin conocer iniciativas que busquen dignificar y remediar su situación.
Partimos de la presunción de su buena fe para reconocerles el derecho a la igualdad, al debido proceso, a la saber la verdad de los hechos, la justicia y la reparación integral.
Considero que debemos ser capaces construir en Colombia un nuevo escenario de relación bilateral, y colocar en él también a las víctimas del conflicto como centro fundamental de esa tarea entre los dos países.
Es cada día más evidente que la Unión Europea y Estados Unidos siguen de cerca y están interesados en aportar soluciones al proceso de paz que sigue Colombia; mi partido cree que hay que garantizar la reparación integral y que en este tema el Centro Internacional para la Justicia Transicional tiene planes específicos que van desde el apoyo a los programas contra la impunidad en casos de crímenes masivos, y atribuye responsabilidades por violaciones del derecho humanitario ocurridos. Su objetivo es el reconocimiento de las víctimas y la promoción de posibilidades de paz, reconciliación y democracia; también el seguimiento, la veeduría, y apoyos económicos para ayudas puntuales”
El reconocido político conservador, Enrique Florez Failace al ser preguntado sobre la ley 1290 y el proyecto 157 actualmente en curso, comienza su declaración con un breve recuento histórico de procesos similares, desde Neuremberg, y el Apartied en Sudáfrica, hasta situarse en los comienzos de este fenómeno nacional; considera que con lo que hay propuesto en la ley es suficiente para su aplicación en el propósito de beneficiar a todos los afectados por el conflicto armado; por otra parte, dice que muchas veces estas ponencias tienen un tinte polítiquero y oportunista para enfrentar al gobierno de turno, buscando ganancias electorales, e insiste en que al llevar a Washington el planteamiento de que debe intervenir en la resolución y restitución a las víctimas, incluyendo las resultantes de las fuerzas militares del Estado, está haciendo oposición y desprestigiando el gobierno del presidente Uribe.
Consultada la doctora Carmen Ligia Galvis, directora departamental de la oficina de Defensoría del Pueblo, esta explicó cuales son las funciones de dicha entidad, y cómo en la mayoría de los casos se pretende aplicar la reparación administrativa, sistema más expedito con el que se busca aligerar los requisitos y aplicar prontamente las soluciones, partiendo de un conjunto de informaciones dadas por las víctimas y confrontadas por la fiscalía y demás entes relacionados con cada caso.
En la oficina de Acción Social tuve la oportunidad de conversar con varias personas que esperaban ser atendidas para entregar sus formularios diligenciados después de muchas idas y venidas, consultas, colas y escuchar buenas intenciones de los encargados, pero sin nada concreto a pesar de que la mayoría sufrieron sus pérdidas varios años atrás.
La señora Rosa Julia Martínez no permitió que sus opiniones fueran grabadas, pero con inmenso dolor me contó cómo su hijo. William de 18 años de edad, fue asesinado en Carora, su barrio hace 8 años, y cómo al intentar justicia fueron amenazada toda la familia, al punto de que tuvieron que irse a vivir a Ureña una noche, pues ya la situación era insostenible; se fueron sin nada, sus cinco hijos, cuatro nietos, su esposo y ella; nadie pudo ayudarlos. Como pudieron en medio de una pobreza extrema y una pena infinita, lucharon por salir adelante. Hace un tiempo están de vuelta a su barrio y a su casita, y ella no pierde las esperanzas de recibir una ayuda que se les ha ofrecido pero que cada día se ve más lejana. En su voz y en su actitud se refleja el miedo por lo sucedido, y no les gusta ni se atreven a hablar, pues en estas muertes achacadas a los paramilitares este es un común denominador. Esperan con resignación algo que les quieran dar, pero saben que nunca podrán ser resarcidas de tanto dolor, tanto miedo, y tantas humillaciones.
Lamentablemente, este no es el único caso. Entre más se adentra en el tema, se confirma la hasta ahora inoperancia de la ley, y cómo las víctimas, aparte de sufrir y esperar, no les ha quedado más remedio que seguir esperando y seguir sufriendo.

Noticias políticas en la Semana Santa

RESUMEN DE NOTICIAS


Negativa de DGM a comparecer ante el Consejo Nacional Electoral

David Murcia Guzmán se negó a comparecer a la citación del Consejo Nacional Electoral a declarar sobre su denuncia de aportes por 5000 millones de pesos para financiar la recolección de firmas por el referendo aduciendo falta de garantías; propuso hacerlo ante un escenario diferente como el Congreso de la República.
Según fuentes bien informadas, las pruebas de dicha infiltración de dineros del grupo DMG en la financiación de la campaña para apoyar el referendo que aprobaría la candidatura del presidente Uribe para un tercer mandato, están en el disco duro del computador de su abogada y miembro de la cúpula de dicha organización, Margarita Pabón.


Condena a Fujimori conmociona política suramericana


La Corte Suprema de Justicia peruana condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por su participación totalmente comprobada en delitos y crímenes de lesa humanidad, como el secuestro de un periodista al comienzo de su segunda reelección y la ejecución extrajudicial de 19 personas por esa misma fecha en lo que se llama el caso Colina, apoyado por su ministro y cómplice Vladimiro Montesinos.
Al final de la proclamación del veredicto por parte del magistrado, y haciendo gala de gran serenidad, el acusado anunció que apelará la sentencia, y demostrará que sus actuaciones fueron ajustadas en todo momento a la necesidad de justicia y altos intereses de la patria.


Libre el ex alcalde Ramiro Suarez

Por decisión de un juez de la República que no encontró mérito para su condena, en días pasados, fue puesto en libertad Ramiro Suarez después de meses de reclusión en la cárcel de Bucaramanga. En el caso contra Suarez declararon reconocidos delincuentes y paramilitares con diferentes versiones y evidentes contradicciones
Al ser interrogado sobre sus próximos planes políticos, el liberado declaró que no está de acuerdo ni apoya la revocatoria del mandato en contra de la actual alcaldesa de Cúcuta María Euguenia Riáscos, y que por ahora, dedicará sus esfuerzos para “sacar adelante” el Cúcuta Deportivo, el cual alcanzó sus más altas posiciones durante su pasada administración.

Mocióm de censura en contra del ministro Juan Manuelm Santos

El Congreso se dirigió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para solicitar una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos pues considera que su declaración en días pasados fue una clara intervención en política.
Recientemente, en una reunión del partido de la U el ex-comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo
manifestó su intención de lanzarse en pos de la nominación a la candidatura para representar el partido en la contienda presidencial; en este escenario, el ministro Santos-según los congresistas-
incurrió en una irregularidad al apoyar al excomisionado y al programa de la Seguridad Democrática con sus palabras.

Habitantes de la Floresta fueron reubicados por la Alcaldesa

Según datos de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, el lunes de la presente semana, la alcaldesa María Eugenia Riascos adjudicó viviendas alquiladas por su despacho para ayudar a algunas familias que lo perdieron todo, victimas de deslizamientos de tierra en el barrio la Florida.

Metrovivienda será la entidad encargada de su localizaciòn definitiva a través de los programas sociales que maneja, pues la actual solución es provisional en espera del acomodo definitivo, aclaró la gobernante local.

Las viviendas afectadas estaban construidas sobre terrenos catalogados como de alto riesgo; sus ocupantes se habían negado a desocuparas pese a las múltiples advertencias de la policía, pues como sucede siempre en estos casos, estas no llegaron acompañadas de auxilios oportunos.

En las horas que compartió con los vecinos de la Florida, Riascos, retomando sus promesas de campaña, se comprometió a colaborar con ellos para mejorar la calidad de sus viviendas y su nivel de vida durante su administración, mientras observaba los daños ocurridos y el drama que sufren estas humildes personas.