Intereses, dolor, y montañas de papeles

REPORTAJE: LEY DE JUSTICIA, PAZ Y REPARACIÓN
INTERESES, DOLOR Y MONTAÑAS DE PAPELES
La ley de Justicia, Paz y Reparación, decreto gubernamental 1290 del 2005, pretende ser además de un reconocimiento, una ayuda para las personas víctimas del conflicto armado que sufre Colombia; pero para los opositores, no pasa de ser “un plato de lentejas”con el que se compraría el silencio y la resignación de todos los afectados, dejando atrás la discusión histórica sobre este doloroso suceso.
Actualmente está para su aprobación en la Cámara de Representantes el proyecto 157 de 2008 que busca “construir una política de Estado para las víctimas”, del cual es ponente el senador Juan Frenando Cristo, quien en reciente gira por Estados Unidos solicitó ante senadores demócratas y funcionarios del Departamento de Estado su colaboración para la reparación a las víctimas en nuestro país.
Al ser interrogado sobre este tema , el senador liberal contestó: “el objetivo de la ley es resarcir parte del dolor y la humillación sufrida por miles de ciudadanos víctimas del conflicto armado, quienes en los últimos años han visto la creación de decenas de normas para los victimarios, sin conocer iniciativas que busquen dignificar y remediar su situación.
Partimos de la presunción de su buena fe para reconocerles el derecho a la igualdad, al debido proceso, a la saber la verdad de los hechos, la justicia y la reparación integral.
Considero que debemos ser capaces construir en Colombia un nuevo escenario de relación bilateral, y colocar en él también a las víctimas del conflicto como centro fundamental de esa tarea entre los dos países.
Es cada día más evidente que la Unión Europea y Estados Unidos siguen de cerca y están interesados en aportar soluciones al proceso de paz que sigue Colombia; mi partido cree que hay que garantizar la reparación integral y que en este tema el Centro Internacional para la Justicia Transicional tiene planes específicos que van desde el apoyo a los programas contra la impunidad en casos de crímenes masivos, y atribuye responsabilidades por violaciones del derecho humanitario ocurridos. Su objetivo es el reconocimiento de las víctimas y la promoción de posibilidades de paz, reconciliación y democracia; también el seguimiento, la veeduría, y apoyos económicos para ayudas puntuales”
El reconocido político conservador, Enrique Florez Failace al ser preguntado sobre la ley 1290 y el proyecto 157 actualmente en curso, comienza su declaración con un breve recuento histórico de procesos similares, desde Neuremberg, y el Apartied en Sudáfrica, hasta situarse en los comienzos de este fenómeno nacional; considera que con lo que hay propuesto en la ley es suficiente para su aplicación en el propósito de beneficiar a todos los afectados por el conflicto armado; por otra parte, dice que muchas veces estas ponencias tienen un tinte polítiquero y oportunista para enfrentar al gobierno de turno, buscando ganancias electorales, e insiste en que al llevar a Washington el planteamiento de que debe intervenir en la resolución y restitución a las víctimas, incluyendo las resultantes de las fuerzas militares del Estado, está haciendo oposición y desprestigiando el gobierno del presidente Uribe.
Consultada la doctora Carmen Ligia Galvis, directora departamental de la oficina de Defensoría del Pueblo, esta explicó cuales son las funciones de dicha entidad, y cómo en la mayoría de los casos se pretende aplicar la reparación administrativa, sistema más expedito con el que se busca aligerar los requisitos y aplicar prontamente las soluciones, partiendo de un conjunto de informaciones dadas por las víctimas y confrontadas por la fiscalía y demás entes relacionados con cada caso.
En la oficina de Acción Social tuve la oportunidad de conversar con varias personas que esperaban ser atendidas para entregar sus formularios diligenciados después de muchas idas y venidas, consultas, colas y escuchar buenas intenciones de los encargados, pero sin nada concreto a pesar de que la mayoría sufrieron sus pérdidas varios años atrás.
La señora Rosa Julia Martínez no permitió que sus opiniones fueran grabadas, pero con inmenso dolor me contó cómo su hijo. William de 18 años de edad, fue asesinado en Carora, su barrio hace 8 años, y cómo al intentar justicia fueron amenazada toda la familia, al punto de que tuvieron que irse a vivir a Ureña una noche, pues ya la situación era insostenible; se fueron sin nada, sus cinco hijos, cuatro nietos, su esposo y ella; nadie pudo ayudarlos. Como pudieron en medio de una pobreza extrema y una pena infinita, lucharon por salir adelante. Hace un tiempo están de vuelta a su barrio y a su casita, y ella no pierde las esperanzas de recibir una ayuda que se les ha ofrecido pero que cada día se ve más lejana. En su voz y en su actitud se refleja el miedo por lo sucedido, y no les gusta ni se atreven a hablar, pues en estas muertes achacadas a los paramilitares este es un común denominador. Esperan con resignación algo que les quieran dar, pero saben que nunca podrán ser resarcidas de tanto dolor, tanto miedo, y tantas humillaciones.
Lamentablemente, este no es el único caso. Entre más se adentra en el tema, se confirma la hasta ahora inoperancia de la ley, y cómo las víctimas, aparte de sufrir y esperar, no les ha quedado más remedio que seguir esperando y seguir sufriendo.