INFORME ESPECIAL
Un aspecto central de la política de reinserción ha sido su vinculación permanente con los procesos de construcción de paz que se impulsan desde las comunidades afectadas por el conflicto o desde los espacios de la sociedad civil, en desarrollo del postulado de que la construcción de la Paz no es un aspecto que se limita a la negociación del conflicto armado; que construir la Paz es construir una institucionalidad democrática, es construir un verdadero Estado social de Derecho, y solucionar integralmente el problema.
Según el Sistema de Información de Hogares Desplazados por Violencia en Colombia, SIDES, se estima que cada hora son desplazados dos hogares por violencia en nuestro país; hogares compuestos en su mayoría por mujeres y niños provenientes del campo, como consecuencia de acciones contra la población civil de grupos paramilitares, guerrilleros, fuerza pública y otros actores armados.[1]
El Estado colombiano reconoció por primera vez el desplazamiento forzado como tema de política pública en 1995 mediante la creación del Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Para superar la situación, el Congreso de la República expidió la Ley 387 de julio 18 de 1997, mediante la cual se estableció el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) y se definieron medidas concretas y responsabilidades específicas para la entidad. [2]
Dentro del marco de la crisis humanitaria se han presentado innegables avances en el desarrollo de la política de desplazamiento y en los mecanismos de atención; la capacidad de respuesta del Estado frente a la demanda de atención por parte de la Población Desplazada por la Violencia está condicionada por la disponibilidad de recursos públicos. El Decreto 2569 de 2000 sujeta a la disponibilidad presupuestal la atención a la población desplazada tanto en la Atención Humanitaria de Emergencia como en restablecimiento. Así mismo, el giro de los recursos, está sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) controlado por el Ministerio de Hacienda, según la disponibilidad efectiva de recursos en Tesorería y de acuerdo con las disposiciones de la política macroeconómica del Gobierno Nacional; se estima que durante los próximos años se requiere invertir $2.6 billones de pesos colombianos, para el restablecimiento de la población desplazada por la violencia, sin incluir el costo de seguridad física, adquisición de tierras ni recursos para crédito. [3]
Cualquiera sea la discusión sobre la validez de las cifras suministradas, la magnitud y dinámica, puede destacarse que en Colombia existen más de 3 millones de desplazados y que el fenómeno ha adquirido una gran complejidad respecto a las diferentes modalidades, siendo notoria la relación entre la violencia, el conflicto, el desplazamiento y el despojo de la tierra. Adicionalmente, el desplazamiento afecta de manera más significativa a las mujeres cabeza de familia, a la niñez, y a las comunidades indígenas y afro colombianas.
En relación con las características de la política pública, es evidente que aunque se ha desarrollado un buen marco normativo e institucional, y se ha formulado una estrategia integral de intervención, la magnitud de las necesidades ha sobrepasado en mucho la capacidad de respuesta del Estado. Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda internacional para dar asistencia a este sector extremadamente vulnerable de la sociedad y apoyar la búsqueda de soluciones. Los datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) hablan de 3.662.842 personas que han sido desplazadas por la violencia hasta el 25 de octubre de 2005 y día a día esta cifra aumenta producto de la violencia política asociada al conflicto armado interno, según información de ACNUR, la agencia de la ONU a la que el Gobierno Nacional pidió su colaboración en el manejo y solución de este conflicto.
Arley González, y su esposa Ivón Ramírez son dos jóvenes maestros rurales desplazados por la violencia que los obligó a salir corriendo de la casita propia, en que vivían en su natal La Gabarra, cuentan con la tristeza reflejada en sus caras; con ellos trajeron a Jessica, su niña de 4 años y todo en ellos denota voluntad, y fortaleza, resultado del crecimiento personal y de familia que la traumática experiencia sufrida les dejó.
“Mi esposa había viajado a Sincelejo a llevar la niña donde sus abuelos cuando me llegaron una noche; ellos querían obligarme a participar en su grupo, que aceptara las políticas de ellos y que hiciera algo que yo no quería”, dice Arley refiriéndose a la guerrilla que opera en esa zona, “nosotros no queríamos enredarnos en eso; me dijeron que tenía que salirme de mi casa, y de mi pueblo, y uno sabe que eso es en serio. Era el 30 de enero de este año; esa misma noche yo empaqué lo que pude, y al otro día me vine a Cúcuta a la casa de mi hermana y mi cuñado que me recibieron. Ivón llegó a los dos días, dejamos la casita abandonada, allá quedó todo lo que durante tantos años habíamos conseguido con nuestros esfuerzos.”
Arley no quiere dar detalles sobre las amenazas que recibió, pero no necesita decir mucho: su actitud asustadiza, su mirada esquiva y sus manos temblorosas recuerdan que su desplazamiento es muy reciente, y evidentemente todavía siente temor. A los pocos días de estar en la ciudad, por recomendación de una señora que también había sido desplazada acudió con su hermana a la Cruz Roja donde lo remitieron a la oficina de Acción Social de la Presidencia; allí fue recibido y acogido para los programas de reinserción que lideran, primero expidieron la carta que lo acreditaba como desplazado, y con ella fue enviado a CORPROINCRO, Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Comunidad, ONG prestadora de servicios para la Acción Social, donde su caso se estudió y se le prestó ayuda psicológica y capacitación en un nuevo oficio; se le ofreció asesoría con un plan productivo, del banco de planes que tiene esta organización social, y financiación para montarlo.
Mientras se escuchan los ruidos propios de un taller de fundición en el patio trasero de la humilde vivienda, Arley continúa relatando cómo lograron arreglárselas para volver a empezar de cero; llegaron y se quedaron en la casa de sus familiares, ubicada en el humilde sector de Monte bello, con sus calles de tierra, y en medio de una pobreza de estrato uno, donde me recibieron en compañía de la funcionaria de Corproincro, Nubia Soto por mediación de la cual tuve acceso a conocerlos y a escuchar su historia. Todo a su alrededor habla de pobreza, trabajo y decisión de salir adelante a pesar de las dificultades y las amenazas.
“Yo tenía completa la liquidación de mi contrato de servicios con la Diócesis de Tibú como maestro veredal el año pasado, y pude invertirlo como base para un proyecto de fundición de aluminio y fabricación de peroles de varios modelos y tamaños; recibí una ayuda de de $1.500.000 de Corproincro para fortalecimiento, y de ahí hasta la presente voy muy bien; ya tengo bastante invertido, pues lo que se ha vendido se ha reinvertido; me enseñaron todo el proceso del aluminio y hasta que pude encajar aquí en el taller, aprender como se fundía y como se pulía, y con muchas ganas de empezar de nuevo pues no había otra solución que empezar de nuevo”.
La semana pasada participamos de una feria artesanal promovida por Corproinco que se realizó en el parque de Telecom, vendimos bien, eso nos dio mucho ánimo, y algo de platica para seguir en la lucha.”
“Ya no tenía nada más que perder”, añade Arley volviendo sobre sus primeros días en la ciudad, ” de ahí en adelante solo ganar; pude superar la problemática que traía, no solo psicológica ya que llegamos muy golpeados, y no es fácil recuperarse, siempre llegar uno a otra parte, y cambiar su ambiente, el recuerdo de lo que se perdió es muy duro”.
“Estábamos acostumbrados a otro ambiente”, interviene su esposa Ivón,” y empezar de cero es muy difícil, pero mi esposo llevaba 5 años en la docencia y yo 1; eso nos sirvió para salir adelante”;
Su esposo la respalda diciendo:“lo profesional siempre lo ayuda a uno, y tampoco nos echamos para atrás, estamos contentos de estar aquí, hay más futuro, mejor que como estábamos allá, sin tantas enfermedades y sin tanta presión, pues allá son de parte y parte; si uno está en el pueblo, lo acusan de que está con el ejército, y si está en el monte entonces el gobierno también lo acosa porque los soldados creen que todos apoyamos a la guerrilla; hay que saber vivir allá para poder estar ahí; prácticamente aquí, y con la ayuda que he recibido de Acción Social, mejor dicho… porque si no fuera así, lo económico es lo que lo golpea a uno en la ciudad, y pagando arriendo.. Tengo dos empleados y el esposo de mi hermana también me ayuda, y mirando el proceso, he tenido buena ganancia”, concluye Arley, agradecido y contento de estar en Cúcuta y de la ayuda que ha recibido. [4]
Se logra así un caso exitoso de reinserción, que puede mostrarse como ejemplo, tanto en lo personal para muchas familias que han sufrido la violencia de ser amenazados y desalojados de sus tierras, como también intervención de las instituciones que los han ayudado a superar su desplazamiento, su desarraigo y su pena por todo lo que perdieron y dejaron atrás.
[1] DOCUMENTO CONPES
www.disaster-info.net/desplazados/documentos/gtd/PAH/04_notas_pie.htm - 15k -
[2] Un país que Huye. Desplazados, desertificados en su propia patria
[3] Plan de Acción Comunitaria 2002-2003 SNU Colombia
[4] Grabación del reportaje con Arley González e Ivón Ramírez
No hay comentarios:
Publicar un comentario